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Los vecinos reclaman al Defensor que pare la oleada de 3.000 sanciones

HUELVA  28 Oct. 09 ( Huelva Información )

El Ayuntamiento de Almonte pone multas de hasta 6.000 euros por colocar cierres metálicos en los balcones · La asociación de propietarios critica la subida de impuestos e inicia una "cruzada fiscal"

 

La Asociación de Propietarios de Matalascañas va a luchar hasta los últimos extremos contra las sanciones impuestas a más de 3.000 propietarios de inmuebles por colocar cerramientos metálicos en balcones y terrazas. La Concejalía de Urbanismo en el Ayuntamiento de Almonte concede carácter de obra menor a estas actuaciones y fija sus sanciones en base a que se realizaron sin amparo legal al no contar con la preceptiva licencia municipal.

La Asociación de Propietarios ha pedido el amparo del Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, a la vez que anuncia que acudirá a los tribunales si el Ayuntamiento de Almonte no recula en las sanciones. Los expedientes remitidos por la Corporación local a los propietarios, a los que ha tenido acceso este periódico, mencionan que los inquilinos de los inmuebles habrían infringido los artículos 313,315, 316, 317 y 320 del PGOU, y que superan la edificabilidad máxima permitida por el mero hecho de "ejecutar el cierre de la terraza en una superficie de 6 por 1,5 m2 con perfil metálico de aluminio".

Los vecinos tienen claro que el rosario de sanciones responde a la delicada situación económica por la que atraviesa la institución local, cuyos dirigentes pretenden hacer caja mediante la fórmula que menos coste electoral tiene para el equipo de Gobierno; es decir, gravando a aquellos ciudadanos que no se encuentran empadronados y, por tanto, aquellos que no pueden ejercer su derecho al voto en los comicios locales castigando a los autores de la medida desproporcionada.

Esta "cruzada fiscal", como así la define el presidente de la asociación, Juan Gómez, se ha diseñado a través de dos vertientes: castigando el cerramiento metálico de algunos balcones y subiendo las tasas municipales. Concretamente, se han cursado más de 3.000 sanciones, algunas de las cuales superan los 6.000 euros, pero la que menos asciende a 3.000 euros.

 

 

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