HUELVA 21 Marzo 2012 ( ABC )

El Ayuntamiento de Almonte sigue adelante en sus denuncias de gestión irregular por parte del anterior equipo de gobierno socialista. Si la semana pasada se abría la vía penal para interrumpir el proceso de compra del campo de golf de Matalascañas, ahora le toca el turno al Museo del Mundo Marino.

 

Esta instalación tuvo que cerrar sus puertas ante la falta de liquidez derivada de la falta de pago por parte de la Junta de una subvención para su financiación. Ayer, en el Juzgado de Primera Instancia de La Palma del Condado, el Consistorio almonteño, gobernado por el PP, daba una vuelta de tuerca más a este asunto al presentar una denuncia por presuntas subvenciones irregulares vinculadas a la gestión del clausurado espacio. De la mano de la actual presidenta de la sociedad que gestionaba el museo, Parque Dunar, la concejal popular Fátima Pérez registraba la denuncia en sede judicial.

Las supuestas irregularidades han sido detectadas en contratos que vinculan a administraciones, fundamentalmente la Junta, con esa sociedad. Para la edil almonteña existen indicios «más que suficientes para sospechar el carácter ficticio de dichos contratos».

Presunta malversación

De ahí se derivarían «varios actos ilícitos que se intentarán demostrar jurídicamente, como malversación de caudales públicos y falsedad en documentos oficiales, entre otros delitos», dijo Pérez. La denuncia presentada ayer se cursa contra personas vinculadas a la Consejería de Medio Ambiente, miembros del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Almonte en la etapa socialista, y dos instituciones como miembros colegiados de la sociedad Parque Dunar y la Fundación Doñana 21 —que preside la exconsejera socialista Cinta Castillo—, por la concesión de contratos administrativos que pudieran tener la apariencia de ilicitud y que desvirtúan la realidad jurídica para la que tenían que efectuarse.

Presuntamente, estos contratos se formalizarían a efecto de justificar unos servicios y para el pago de facturas de ejercicios realizados por una empresa privada cuatro años atrás. Este indicio es el que llevó al Ayuntamiento de Almonte a presentar la denuncia.